Ante el anuncio del traslado del Penal de Devoto

El pasado martes 28 de junio, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner anunció el traslado del Instituto de Detención de la Capital Federal (Unidad 2), mejor conocida como la Cárcel de Villa Devoto. La noticia se dio a conocer en el marco del “proceso de modernización del sistema carcelario”, con la intención de construir un nuevo Penal en la ciudad de Mercedes, a 100 Km de Capital Federal. Según las palabras de la Presidenta, “tendrá celdas individuales y no esos horribles pabellones de presos comunes”, buscando mejorar el nivel de vida de los detenidos.

Contrariamente, consideramos que el traslado de la Cárcel de Devoto ocasionará demasiados efectos negativos que recaerán no sólo sobre la población carcelaria si no también afectarán a toda la sociedad.

En primer lugar, trasladar el penal a una considerable distancia alejaría a los internos de sus familias, de sus abogados, de todas las visitas que reciben en general. También los distanciaría de las organizaciones sociales y los organismos estatales que tienen trabajo en cárceles, sea velando por la seguridad de los recluidos o contribuyendo a su integración social. Las personas privadas de su libertad provienen casi exclusivamente de los sectores más pobres de la población – el sistema penal no pretende alcanzar a las personas con recursos – y para sus familiares sería un gasto imposible visitarlos con regularidad. Lo mismo les sucedería a los abogados, siempre oficiales, que deben ejercer y garantizar la defensa de los recluidos. Al quedar alejado de la Ciudad y en el medio de una zona rural, los controles se reducirían al mínimo. Los organismos del Estado destinados a controlar las condiciones en que son privadas las personas de su libertad, como la Procuración Penitenciaria, verían seriamente dificultado su trabajo. Las denuncias, los escritos, los habeas corpus, todos los mecanismos a través de los cuales los internos pueden protegerse de las sistemáticas violaciones a sus derechos a las que se los somete hoy en día en las cárceles argentinas, encontrarían un infranqueable impedimento para salir a la luz. Se daría la misma situación que en Marcos Paz, paradigma de la violación de los Derechos Humanos, donde se mantiene a las personas privadas de su libertad encerradas 23 horas diarias, las torturas son sistemáticas y las muertes y los suicidios, recurrentes. Según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el Penal de Ezeiza (CPF I) el número de denuncias o consultas por conflictos, violencia y malos tratos es de 319, en el Penal de Marcos Paz (CPF II) la cantidad es de 165. Mientras que en la Cárcel de Devoto el número de las denuncias o consultas por malos tratos, violencia y conflictos es de 84. Marginar aún más al marginado aislándolo de su familia, de sus abogados, de organismos del Estado e instituciones civiles que desarrollan actividades en cárceles conduce únicamente al aislamiento, la desolación y la exclusión. ¿Como va a integrarse socialmente quien se ve excluido de la sociedad, si encima se lo priva de todos sus posibles contactos con el exterior? Por otro lado, el Penal de Devoto es el único lugar en el mundo en el cual existe una sede de una Universidad pública y gratuita en la que se dictan clases presenciales dentro de una cárcel de máxima seguridad. A través del Programa UBAXXII, que ya lleva más de 25 años de funcionamiento ininterrumpido, el Centro Universitario Devoto materializa el derecho a la educación que también tienen las personas privadas de su libertad. Si se decide cerrar este penal, ¿qué pasará con la educación que se da en el mismo? La educación hace a la condición de la persona, es un derecho inviolable a todo ser humano. La Universidad funciona en el penal como un espacio de libertad que devuelve la dignidad a las personas recluidas y también provee la esperanza de poder insertarse en una sociedad que siempre les dio la espalda. Con la marca en la mejilla que significa portar un antecedente penal, los estudios universitarios se convierten en una de las pocas posibilidades de conseguir medios de subsistencia y así poder abandonar el delito. Es un rayo de luz entre tanta oscuridad. Si pensamos en seguridad, el porcentaje de reincidentes entre los que pasaron por el Centro Universitario es del 3% contra casi el 50% entre quienes no tuvieron acceso a esta experiencia. Mientras la cárcel común reproduce el delito e incrementa la inseguridad, el Centro Universitario Devoto hace exactamente lo contrario. El C.U.D. funciona debido a la accesibilidad de la cárcel; en Mercedes de ninguna manera se podría garantizar la regularidad de los docentes, la diversidad de cursos ni la continuidad de las clases presenciales, tal como sucede en Marcos Paz y Ezeiza. Por otra parte, el barrio de Devoto es uno de los más valorados en Capital Federal, sin embargo la presencia de la cárcel disminuye la cotización de las propiedades. Seguramente, el traslado del penal sea un gran negocio inmobiliario, pero vemos que de ninguna manera puede contribuir a la seguridad de la gente, y mucho menos a la de la comunidad penitenciaria. El traslado de la Cárcel de Devoto a Mercedes no es otra cosa que continuar ocultando e invisibilizando las verdaderas problemáticas en torno a la inseguridad. Es esconder bajo la alfombra los problemas, dar la sensación y la tranquilidad a los vecinos de que se está combatiendo la inseguridad. Sin embargo, sin políticas reales que busquen acabar con la marginación y la exclusión el problema nunca se va a acabar. En lugar de sumar un nuevo Penal, es conveniente invertir en políticas inclusivas, tanto en los barrios más marginados como así también en las cárceles existentes. Estimular y facilitar la educación de los internos, su contacto con el exterior, como también, ofrecerles reales posibilidades de reinserción, trabajo y contención, contribuiría a reducir la famosa inseguridad. Condenar personas a la exclusión social; cosificar seres humanos quitándoles su condición de sujeto, convirtiéndolos en una cosa (reo: res: cosa) que se guarda donde menos moleste; avalar los abusos sistemáticos de los Servicios Penitenciarios que reproducen y magnifican la violencia y generan resentimiento en los internos, sólo puede generar más y más inseguridad.

Quienes venimos enfrentando la profundización de las políticas de marginación y exclusión hacia las personas en situación de encierro que lleva adelante el Gobierno Nacional, disfrazando medidas claramente regresivas como supuestos avances en el respeto a los Derechos Humanos, no podemos sino oponernos al cierre de la Cárcel de Villa Devoto

LA FACULTAD VA A LA CÁRCEL

Numerosas son las preguntas que nos hacemos a la hora de recorrer un nuevo sendero.
El ir a la cárcel nos enfrenta desde el principio con cuestiones muy atravesadas por
prenociones que se generan en todo miembro de la sociedad. La sobreexplotación del
discurso de la inseguridad, de la discriminación de la pobreza y la demonización de los
intereses que se encargan de transformar la figura del interno presidiario de los mayores
vejámenes de la sociedad.

Las penitenciaría cumple la función de subterfugio, al cual los actuales sectores
marginados del modelo económico van a parar potenciando así su exclusión mediante
el estigma con el que la cárcel lo marca por haber sido presidiario. Uno de los
lugares donde se ve representado esto es en el Centro Universitario Devoto. Para
sus estudiantes, las barreras no terminan cuando cumplen su condena formal. Sus
graduados, una vez que recuperan la libertad, deberán cargar con el estigma que
representa “su paso” por la cárcel, el cual pesará más que su título universitario
conseguido tan legítimamente como cualquier universitario, dificultando, o incluso
imposibilitando su acceso a determinados puestos de trabajo y reproduciendo, una vez
más, la exclusión a la que el sistema social los ha condenado.

Aún así, el Centro Universitario se presenta como un privilegio al que no todos los
internos acceden, “como un oasis” dicen sus estudiantes, dentro de la realidad que se
chocan a diario.

Esto encuentra su justificación en las condiciones deplorables del resto de la cárcel, con
aquellas naturalidades de maltrato físico y psíquico, las torturas y las celdas repletas
de personas. En fin, condiciones inhumanas que pretenden encontrar su fundamento
en la “resocialización del delincuente”. Por estas razones, es muy notoria la diferencia
entre el CUD, a{un como lugar de encierro, y el resto del penal. Nos resulta paradójico
que estas condiciones aparezcan como un privilegio, un alivio exclusivo, cuando no son
más que una base mínima de respeto a la dignidad de los internos. Esta paradoja debe
llamar nuestra atención para no naturalizar las condiciones lamentables en que llevan a
cabo su condena la mayoría de los internos, porque lo que parece un privilegio debería
ser la norma en todos los pabellones.
Creemos indispensable disolver aquel velo que existe actualmente, esa estigmatización
que encontramos en toda la sociedad, pero particularmente la que se reproduce dentro
de la Facultad, donde el silenciamiento o el ocultamiento de los estudiantes del Centro
Universitario de Devoto, ayuda a reproducir la exclusión social a la que se ven estos
inmersos.
La fundación de la Corriente Julio Antonio Mella allá por el 2006 fue un paso que
intentamos dar en la integración de todos los estudiantes de la facultad en un proyecto
que nos incluya como sujetos transformadores de la realidad en la que vivimos.
Creyendo que la única construcción posible en este sentido se hace desde el diálogo y
de la reflexión conjunta de todas las partes, es que nos proponemos trazar un puente

de contacto sólido y permanente, un puente que permita el intercambio fluido entre
los estudiantes que participan de la vida universitaria independientemente del espacio
en el que se encuentre cada uno. Es la construcción de este diálogo, que esperamos se
mantenga en el tiempo y con fluidez, junto con los estudiantes del CUD, la tarea que
asumimos y que esperamos que también tomen como propia tantos estudiantes con los
que nos cruzamos día a día.

Sobre la situación en la cárcel de Devoto


En el Centro Penitenciario Federal de la CABA, en Devoto, los detenidos iniciaron una huelga de hambre. A continuación les hacemos llegar el respectivo comunicado de prensa formulado por la Asamblea de detenidos del Centro Penitenciario Federal de la CABA y el petitorio que lo acompaña.

Desde hace casi un año, la Corriente Julio Antonio Mella junto con estudiantes independientes de diversas carreras de la UBA, hemos comenzado a desarrollar actividades en el Centro Universitario Devoto (CUD). Nuestra propuesta de trabajo dentro del penal, lejos de focalizar en cuestiones asistenciales, consiste en la construcción de lazos de solidaridad, dialogo e intercambio concretos con los detenidos que allí estudian, que no son más que compañeros como los que nos encontramos en cualquier pasillo de la facultad.


Leer la declaración completa

Ver comunicado de prensa de la Asamblea de detenidos del CPF de la CABA

Ver pliego de reivindicaciones


Declaración de la Corriente Julio A. Mella


Sobre la situación en la cárcel de Devoto

En el Centro Penitenciario Federal de la CABA, en Devoto, los detenidos iniciaron una huelga de hambre. A continuación les hacemos llegar el respectivo comunicado de prensa formulado por la Asamblea de detenidos del Centro Penitenciario Federal de la CABA y el petitorio que lo acompaña.

Desde hace casi un año, la Corriente Julio Antonio Mella junto con estudiantes independientes de diversas carreras de la UBA, hemos comenzado a desarrollar actividades en el Centro Universitario Devoto (CUD). El CUD es una dependencia de la UBA como cualquier otra facultad y se encuentra localizado dentro del penal; tiene infraestructura propia y a él acuden de 9 a 18 hrs aquellos detenidos que quieren cursar carreras universitarias. Su existencia está enmarcada en el Programa UBA XXII de la UBA, por medio del cual se provee un espacio de formación y resocialización a los procesados y condenados que se encuentran residiendo en el penal. Nuestra propuesta de trabajo dentro del penal, lejos de focalizar en cuestiones asistenciales, consiste en la construcción de lazos de solidaridad, dialogo e intercambio concretos con los detenidos que allí estudian, que no son más que compañeros como los que nos encontramos en cualquier pasillo de la facultad.

El reclamo de los detenidos del penal de Devoto se desató como acompañamiento a la misma medida tomada por los reclusos de la Unidad 9 de La Plata, luego extendida al penal de Olmos y a la Unidad 8 de mujeres de Los Hornos. Es una protesta pacífica que constituye únicamente el rechazo de la comida que reciben diariamente del Servicio Penitenciario. Como ellos bien aclaran en su comunicado, esta dirigida al Poder Judicial y al Poder Legislativo y no al Servicio Penitenciario. El petitorio “se trata del cumplimiento y aplicación de las leyes por parte del Estado, cuyo incumplimiento es histórico”, como también dice el documento.

No resulta sorprendente que nada de esto aparezca en los medios de comunicación. Es escalofriante que antes de ayer, lunes 29, murió uno de los internos que se había plegado a la huelga de hambre en la Unidad 9 de La Plata y que esta situación “pase” simplemente como una muerte más de las tantas que se cobra el Sistema Penal en este país. Precisamente, con esta difusión, buscamos romper el cerco de silencio que imponen los medios y hacer llegar un reclamo legítimo efectuado por un medio extremo como lo es una huelga de hambre.

Desde la Corriente Julio A. Mella, nos solidarizamos con la huelga de los detenidos y exigimos al Estado la pronta resolución de las causas del conflicto.


Colectivo de Izquierda (Filosofía y Letras) / ContraHegemonía (Sociales) / EpideMIA (Cs. Medicas) / In Dubio Pro Reo (Derecho) / La Grieta (FADU) / La Mella (Exactas) / Palabras Necias (Psicología) / S.O.S (Económicas) / La Mella (CBC)

presidencia Fuba


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31 de marzo de 2010

Comunicado de Prensa

Nuevamente suenan nuestras voces, las de los reclusos, que cansados del incumplimiento estatal, nos vemos obligados ha hacer algo para llamar la atención de la sociedad, como siempre desinformada.

La cuestión carcelaria se encuentra, al igual que el resto de nuestra sociedad, en “estado de emergencia”.

Llevamos tres largos años esperando desde el último reclamo, esperando que las autoridades cumplan lo pactado, sin resultado alguno. Lo que estamos reclamando, no resulta caprichoso, no se trata de un perdón, una gracia o un favor; se trata del cumplimiento y aplicación de las leyes por parte del Estado, cuyo incumplimiento es histórico. Y a diferencia de lo que puede pensar la mayoría de los ciudadanos del medio libre, reclamo es, en definitiva en beneficio no sólo de quienes estamos privados de libertad, sino de la sociedad toda, ya que, incumplimiento respecto del trato digno en las prisiones y el fin resocializador de la pena, incide directamente en el grado de inseguridad ciudadana. Así funciona la “industria del delito”, de la cual, por supuesto nadie habla por los medios masivos de comunicación. Queremos todo poner en conocimiento de la población, cual es la realidad carcelaria y que fines persigue para, entonces convocarlos a ingresar y controlar lo que sucede de lado de los muros, ya que es la única forma para desarticular la reproducción del delito y que la las prisiones comiencen a transformarse en lo que “deberían ser”, espacios donde se trabaje en conjunto para la reintegración de los detenidos al medio libre, en este punto adquiere relevancia la histórica ausencia de las ONG de DDHH, que son, a nuestro entender las que deben dar el primer paso, dada la actual coyuntura.

Este comunicado tiene por objeto convocar a las autoridades que tienen competencia directa sobre la materia, es decir, el Secretario de Política Criminal y la Sub secretaria de Política penitenciaria, a los efectos de analizar la actual crisis y sus posibles soluciones. Así también deben participar La Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación, y las ONG de DDHH, la actual coyuntura los convoca de hecho, ya que, sin ellas el cambio no será posible.

Nosotros ponemos nuestros cuerpos y la resistencia contra la forma de abuso de poder y arbitrariedad de la administración, mientras la CN y los tratados internacionales de DDHH se siguen violando sistemáticamente y diariamente en todas las prisiones, todos los días.

Lo que el actual sistema punitivo pretende es el afianzamiento de un estado policial sobre el estado de derecho democrático. Se esgrime el argumento de la supuesta idoneidad moral y profesional de las fuerzas de seguridad, que en recientes épocas han participado activamente del terrorismo de estado y, en la actualidad, sostienen, solapadamente las mismas prácticas, y tras ellas, la misma ideología.

En el tema específico de la inseguridad y las prisiones, mientras en el resto del mundo las legislaciones y las prácticas evolucionan hacia la disminución de las penas de encierro, alternativas a la prisión, regímenes abiertos, capacitación profesional y ayuda postpenitenciaria, en nuestro país, se postula como solución la construcción de más cárceles t el atropello sistemático de las garantías individuales; esto no puede derivar en otra cosa que en el aumento de la violencia social.

El petitorio de reformas y medidas que solicitamos está perfectamente ajustado a derecho y es lo que legal, social y humanamente corresponde hacer.

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Asamblea de detenidos del CPF de la CABA

PLIEGO DE REIVINDICACIONES

Los reclusos del Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A. (ex Unidad N° 2 “Devoto”) inician la protesta pacifica declarándose en huelga de hambre reclamando los siguientes puntos:

Al Poder Legislativo Nacional:

1) Solicitamos la derogación de la ley 25.430 que derogó el 2×1 (ley 24390), entendiendo que la demora en la administración de justicia, con sus largos plazos para resolver, no puede recaer sobre el detenido y siendo que la mora siempre acarrea un daño, es lógico y justo imponer una sanción al Estado 110 cumple con el plazo razonable de dos de duración de la prisión preventiva, dicha sanción es en perjuicio del Estado y como reparación del daño ocasionado por la duración excesiva del proceso, por su no cumplimiento de los plazos legalmente estipulados. Téngase en cuenta que la prisión preventiva que impone el Juez, como órgano del Estado, en caso de recaer sentencia absolutoria, no les es reconocida al que la padeció, para reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Estado, en razón de que es una carga pública que debe soportar el sospechoso de delito no excarcelable. Si quien soportó una medida de coerción como la prisión preventiva, debe volver a afrontar otro juicio y es condenado, debe el Estado reconocer el encierro cautelar anterior y computarlo a favor, porque justamente es prisión preventiva y el artículo 24 del Código Penal refiere: “un día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión”, sin especificar si es para un proceso u otro, además es parte de la vida del detenido que estuvo preso injustamente.

2) Solicitamos la derogación del artículo 14 del Código Penal, que priva al reincidente de acceder a la libertad condicional, en razón que la actual ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, divide a la pena en cuatro períodos, tal lo señala el artículo 12 de la ley 24.660, teniendo en cuenta, que “la inconsecuencia del legislador no se presume”, es imposible acceder al último período de ejecución de la pena al interno reincidente y por tanto estos se ven disminuidos de oportunidades, siendo contrarío al articulo 16 de la Constitución Nacional, habría una forma de ejecutar la pena para un primario y otra para un reincidente. Téngase en cuenta que esta distinción ya fue valorada al momento de emitir la sentencia por parte del Tribunal que lo condena, es decir que le impuso más tiempo de pena al reincidente, consideramos que no tiene que haber obstáculos para alcanzar el último período de ejecución.

3) Solicitamos la modificación del Código Penal, en cuanto a las penas a perpetuidad, reclusión perpetua y prisión perpetua, entendiendo, como lo hizo la Corte Suprema de la Justicia Nacional, que la pena de reclusión se encuentra tácitamente derogada, en función de la aplicación de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, según fallo Méndez Nancy Noeiní CS. 108.632, 22/02/2005, y regresar al tiempo máximo de detención de veinticinco años, dado que el encierro mayor a produce deterioros en la persona que hacen imposible su reinserción social.

4) Solicitamos se unifiquen criterios en cuanto a política criminal, en razón que la legislación de la Provincia de Bs.As. posee la libertad asistida en termino de libertad condicional, artículo 104 ley 12.256 Ejecución de la Pena Provincial y en el ámbito de Justicia Nacional, la legislación no contempla dicho beneficio poniendo de esta manera en inferiores condiciones de cumplimiento de pena, debiendo en iguales penas, los condenados en el ámbito nacional estar más tiempo en detención.

5) Solicitamos Ja revisión de los artículos 13 y 16 del Código Penal en razón de encontrar contradicciones en cuanto a la redacción. El art. 13 refiere que el condenado a prisión o reclusión perpetua debe quedar sometido a Patronato de Liberados por un período de diez años y en el art. 16 refiere lo mismo pero el tiempo es de cinco años, dicha contradicción se debe a la reforma del Código Penal por la ley 25,892, la cual solicitamos se derogue y se vuelva al antiguo artículo 13 tal lo mencionado en el punto 3 de este petitorio.

6) Solicitamos la modificación del artículo 10 del Código Penal, en cuanto a la edad para poder acceder a la detención domiciliaria de setenta años, bajarla a sesenta años y; que la mujer embarazada y la madre de un niño menor de cinco años, incisos “e” y “f” del mismo artículo, acceda a dicho beneficio sin exigencias que el dictamen favorable del Consejo Correccional del establecimiento de detención que se encuentra.

7) Cabe destacar que los Códigos Penal y Procesal Penal redactados por el DR. Slokar que se presento para tratar en el Congreso, quedó en el olvido y contiene la mayoría de las reformas reclamadas.

8) Solicitamos la derogación del art. 56 bis de la ley 24.660 por resultar repugnante a la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino impidiendo la resocialización del recluso.

Al Poder Judicial Nacional:

9) Se aplique el Fallo Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal sin restricciones, cuando el riesgo procesal de fuga o entorpecimiento no se encuentra fundado en concreto, debe primar la excarcelación, en razón de ser una derivación razonada de la presunción de inocencia que es reconocida a nivel mundial. Teniendo en cuenta para los extranjeros carentes de arraigo, medidas de sujeción como la obligación de concurrir al tribunal una vez por semana.

10) Se provea un defensor para que esté presente al momento de realizarse la junta parar los recursos de reconsideración presente en las calificaciones trimestrales.

11) Se agilicen los trámites de los Juzgados de Ejecución Penal, se ejerza el control judicial sobre los guarismos califícatenos, en un plazo no mayor de sesenta días de presentado el escrito, dado que, si no es imposible evolucionar en el régimen de progresividad, Encontrándose el detenido condenado en tiempo de obtener beneficios (libertad condicional-libertad asistida-transitoria) y se prolongan en el tiempo por la demora en la revisión judicial.

12) Solicitamos la unificación de criterios para la interpretación de los informes criminológicos que nos realizan para acceder a los derechos y beneficios de las leyes de ejecución y que los mismos no sean vinculantes, pudiendo solicitar informe mediante forense judicial.

Al Poder Ejecutivo

13) Que resulte ser el Órgano competente para las cuestiones de expulsiones de extranjeros, la DNM. Que en tal sentido, y teniéndose como apéndice de operatividad en las diversas provincias del País, a las delegaciones migratorias, es que deberá la DNM arbitrar los medios conducentes, (entiéndase que ello no será más que ordenar el cumplimiento de la Ley Migratoria a los Sres. Delegados) para que los extranjeros alojados en la Unidades Penitenciarias Federales, (dependientes del SPF), con sede en diversas provincias sean documentados en legal tiempo y forma, para así dar cumplimiento al extrañamiento contemplado por la Ley 25,871, sin que ello implique dilaciones por razones de tiempo y distancia. Ello así, deberá operar la expulsión, exactamente a la mitad de la condena prevista por la Ley.

14) Se destraben las reformas de los Decretos 396/99 y 18/97 y se pongan a la firma de la Sra, Presidenta de a Nación, ya que se encuentran en un cajón del Ministerio de justicia desde hace tres años, cuando el Néstor Kírchner firmó la reforma del Decreto 303/96.

Se deroguen los art. 38 Decreto 1136/97 por resultar discriminatorio y repugnante a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DDHH, en particular el referente a discriminación.

15) Se constituya nuevamente la Mesa permanente de Trabajo con el Ministerio de Justicia para analizar y reformar lo necesario en el resto de los reglamentos de la ley 24.660.

SOLICITAMOS LA PRESENCIA ANTE LOS REPRESENTANTES DE LOS RECLUSOS DEL CPF de la CABA del Dr. Alejandro Slokar (secretario de Policía Criminal)y la Subsecretaria de política penitenciaria en el Centro Universitario Devoto, a efectos de encontrar la mejor salida a esta situación de emergencia carcelaria.

POR ULTIMO CONVOCAMOS A TODOS LOS RECLUSOS DE TODAS LAS CÁRCELES DEL PAÍS A SUMARSE A LA MEDIDA DE FUERZA.


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LA FACULTAD VA A LA CÁRCEL

La Universidad de Buenos Aires impulsa desde hace 24 años el programa UBA XXII para que las personas que se encuentran dentro del sistema penitenciario puedan acceder a estudios universitarios. Este se desarrolla actualmente en cuatro penales y participan las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Psicología, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y Naturales.
El Centro Universitario Devoto (C.U.D), funciona dentro de la ex unidad 2 (Devoto) en un espacio donde cuentan con 12 aulas y una biblioteca. La mayor parte de los participantes estudian la carrera de Abogacía.
Los estudiantes que participan del programa tienen diferentes tipos de dificultades para llevar adelante sus estudios dentro de la unidad penitenciaria.
Lamentablemente las barreras no terminan cuando salen de la cárcel. Ejemplo de ello son los graduados del C.U.D, que pese a superar situaciones de gran adversidad con esfuerzo y dedicación, se encuentran con nuevas complicaciones una vez que recuperan su libertad, con una sociedad que prioriza su paso por la cárcel, a, por ejemplo, su título universitario, por lo que les es muy difícil acceder a un trabajo.
A raíz del conocimiento de esta situación, y para aportar desde nuestro lugar a revertirla, te invitamos a que nos acompañes en este nuevo proyecto que estamos encarando, para lograr una mayor vinculación entre los estudiantes de la UBA que están privados de su libertad y los que no lo están. Sumate, escribinos!

indubio@lamella.com.ar