Patria Grande

Nuestro país, en apariencia soberano, se encuentra sujeto a las nuevas formas de colonialismo del siglo XXI. Las redes de la actual dependencia, invisibles a los ojos, ya no emplean virreyes ni cabildos, pero no son menos despiadadas por eso. Someten mediante la dictadura de los organismos financieros internacionales, el lobby de las empresas transnacionales, los tratados de libre comercio, la exportación del sentido común liberal, y en último término pero no por eso menos presente, la amenaza militar.

Atrapan a nuestro país mediante una colonización económica que asfixia las posibilidades de una política soberana con la amenaza del “aislamiento mundial” y la retirada de las inversiones. Presionan para que cada una de las naciones de la PATRIA GRANDE acepten su “lugar natural” en la división mundial del trabajo, que nos reserva un sitio de honor para la explotación irracional de los bienes naturales y el agronegocio, formas modernas y ultra tecnologizadas de primarizar nuestras economías.

Los dos mayores bancos privados del país, el Santander Río y el BBVA Francés, son de capitales extranjeros y lejos de financiar la producción nacional o la construcción de viviendas, manejan un mercado de crédito orientado hacia el consumo de lujo de las clases medias y altas, a las que además exigen tasas usurarias. A su vez, las ganancias que fugan hacia sus casas matrices dan cuenta de niveles extraordinarios de rentabilidad, con los que compensan los magros balances de sus países de origen, golpeados por la crisis que ellos mismos provocaron.

En el campo, empresas transnacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, Nidera o Dow Chemical fabrican y tienen el monopolio de las semillas, los fertilizantes y los agroquímicos. Están al inicio y al final de la cadena productiva, se encuentran asociadas a la vieja oligarquía terrateniente y a las formas más modernas de obtención de renta, mediante el arriendo de tierras de los llamados pooles de siembra. Ni el cuidado de la tierra, ni la soberanía alimentaria, ni tampoco la salud de las poblaciones son prioritarias para el agronegocio, que mide la producción de alimentos exclusivamente en términos de rentabilidad. Pero como si esto fuera poco también controlan la exportación de nuestros productos y, por lo tanto, buena parte de los dólares que entran al país, lo que les da un enorme poder.

Las terminales industriales automotrices, que supieron ser un sector de punta de la industria nacional, hoy están en un cien por ciento convertidas en ensambladoras multinacionales. Somos solamente el eslabón final de una cadena de producción internacional organizada de acuerdo a la rentabilidad de las multinacionales. Donde pueden bajar sus costos pagando bajos salarios o recibiendo la protección estatal, ellas van y montan sus plantas. Si tienen problemas, se mandan a mudar, dejando a los laburantes en la calle. Su producción, librada a los criterios del mercado, es irracional. Nuestras ciudades y rutas se inundan de autos, pero no estamos en condiciones de fabricar trenes, aviones o colectivos que permitan un transporte seguro, ecológico y barato.

Estos tres sectores de nuestra economía representan un ejemplo elocuente de lo que también pasa en la minería, la siderurgia, la producción de alimentos y bebidas, las cementeras, las petroleras y un sin fin de etcéteras. Después de diez años de gobierno del kirchnerismo, es necesario establecer con claridad que no estamos simplemente frente a la pesada herencia del neoliberalismo, sino ante una estructura económica forjada o reforzada en estos años. El crecimiento económico significó una mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo que es realmente insuficiente, sobre todo si se la compara con las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, la fuga permanente de capitales y la riqueza nacional que se destinó en estos años a hacer frente a los “compromisos” internacionales.

Para nuestro país, formar parte del capitalismo global realmente existente implica aceptar las presiones hacia mayores niveles de concentración y extranjerización, doblegarse ante la tendencia a la primarización de la economía que hasta ahora resistimos, explotar irracionalmente los bienes naturales de nuestro subsuelo y consolidar el fenómeno de la precarización laboral, todo a costa del sudor del pueblo trabajador.

Por eso la posibilidad de construir un país en el que prevalezcan los principios de la justicia social, la soberanía popular y la independencia nacional está necesariamente ligada a la dificil tarea histórica de forjar un camino alternativo y emancipador. Un proyecto de país que, basado en el protagonismo popular, se proponga el manejo soberano de la riqueza nacional y que coloque a las zonas estretégicas de la producción en síntonía con un desarrollo basado en las necesidades de las mayorías y la unidad latinoamericana. Es decir, un modelo contrapuesto a cualquier variante del capitalismo, que inevitablemente se apoya sobre la explotación del pueblo trabajador, que no cuestiona el papel rector del mercado y la ganancia económica, el consumo irracional y la dependencia.

Esta nueva dependencia no es gratuita para la clase trabajadora. Si bien ya no convivimos con las abultadas estadísticas del desempleo propias de la fiesta neoliberal, sí lidiamos día a día con el empleo informal y precario. Según los números oficiales a comienzos de 2014 una tercera parte del pueblo trabajador está “en negro”, por fuera de todo derecho laboral y sindical. No tiene estabilidad, derecho a indemnización ni paritarias anuales. En la actualidad, más del 75% de los trabajadores no tiene representación sindical y en un 80% de los establecimientos privados no se eligen delegados sindicales.

Laburar nueve, diez o doce horas diarias es una rutina normal para millones de trabajadores y trabajadoras. En algunos casos se trata de “horas extras” reconocidas, aunque en los hechos obligatorias. En los otros simplemente de la jornada necesaria para tener con que pagar el alquiler, la cuota de la escuela o la prepaga, mantener a la familia y poder participar del mundo del consumo. Viajamos mal, muy mal y cada vez peor y hasta se pierde la vida en el intento de ir o volver del trabajo, tal como ocurrió en Once.

Las tareas domésticas dentro de los hogares siguen siendo mayoritariamente realizadas por mujeres, lo que duplica el esfuerzo de millones de personas que no solamente tienen que trabajar para un patrón sino también seguir su jornada laburando dentro de su casa, cuidando a los hijos, enfermos o ancianos, limpiando y cocinando. Además esa distribución desigual de tareas conlleva la necesidad de trabajar menos horas, con lo cual los ingresos femeninos se resienten. A pesar de la legislación existente, la gran mayoría de las empresas evitan instalar guarderías y en muchos casos hay resistencia a contratar mujeres para evitar los mayores costos del embarazo, del periodo de lactancia y de las obligaciones derivadas del cuidado de los niños. A esto se agrega la falta de derechos reproductivos en nuestro país, cuya máxima expresión es la penalización de la práctica del aborto, así como la existencia de reiterados casos de violencia de género y de trata de personas para la explotación sexual.

Cientos de miles de inmigrantes laburan todos los días, sin contar ni domingos, para poder establecerse en la Argentina. La historia de sacrificio de italianos y españoles de principios de siglo veinte para edificar una familia en América, recordada hoy con el excesivo lirismo que da el paso del tiempo, se repite con bolivianos, peruanos, paraguayos, chinos, coreanos o senegaleses, entre muchos otros, que entregan su salud y su tiempo por unos pocos pesos, con la esperanza de conseguir una vida digna para sus hijos y nietos.

Acceder a una vivienda propia puede ser una tarea imposible para amplios sectores de nuestro pueblo. Los precios de las viviendas, liberados a la regulación del mercado, crecen espectacularmente al ritmo de la especulación inmobiliaria. Hasta quien tiene un “buen trabajo” no puede acceder a un crédito hipotecario y se ve obligado a pagar grandes alquileres y comisiones desmedidas a las inmobiliarias, que tampoco están reguladas. Quien vive en una villa o en barrios suburbanos no puede acceder a los servicios básicos mínimos, porque las autoridades públicas se niegan a aplicar las leyes de urbanización o a reconocer la existencia de los asentamientos y realizar las obras públicas necesarias. Llueve, nos inundamos y desde el poder no hay más responsables que la naturaleza desbordada, sin mencionar siquiera a la especulación inmobiliaria. En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, existen aproximadamente 150 mil viviendas ociosas, en gran medida construidas para la especulación inmobiliaria, mientras que son alrededor de 142 mil los hogares que sufren distintos tipos de problemas habitacionales, desde el hacinamiento a la vida en casillas y ranchos, piezas de hotel o locales no construidos para habitación. Es decir que prácticamente existe el mismo número de viviendas desocupadas que de familias con problemas habitacionales. Esta es la irracionalidad de la hegemonía del mercado, sin embargo en cuanto algún Estado decide intervenir aparecen fuertes voces para denunciarlo.

La organización de la clase trabajadora es imprescindible para revertir esta situación. Nos apoyamos en la convicción de que no habrá justicia social sin poder popular. No es posible simplemente esperar que las soluciones lleguen desde arriba y, en este punto, retomamos la vieja idea de que “sólo el pueblo salvará al pueblo”. La lucha por la organización de la clase trabajadora abarca desde la organización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los más excluidos y ninguneados por la legislación laboral actual, hasta la disputa de delegados de base, comisiones internas y organizaciones sindicales donde existen. También por la organización en los barrios, en las escuelas, terciarios y universidades.

El empresariado local, que obtiene una porción nada despreciable de las ganancias de esta estructura económica, intenta instalar constantemente un sentido común neoliberal y conservador en vastos sectores de nuestro pueblo.

“La intervención del Estado en la economía provoca inflación”, “el gasto público es fuente de clientelismo y amiguismo”, “las empresas públicas son ineficientes y deficitarias”, “la política es corrupta”, “la educación pública es de mala calidad”, “el Estado no puede regular la compra de dólares”, “la presión fiscal asfixia a las empresas”, “hay que garantizar seguridad jurídica para las inversiones”, “los inmigrantes nos sacan el trabajo”, etc. Estos mitos son hoy el credo del liberalismo, impartido por economistas desde el púlpito de los canales de televisión y los principales diarios. A lo largo de los últimos diez años fueron las banderas de todos los partidos de la derecha neoliberal en América Latina y también, por supuesto, de los rejuntes opositores por derecha al kirchnerismo.

Este sentido común es la cobertura ideológica del colonialismo del siglo XXI y, por lo tanto, nuestro principal enemigo en la batalla cultural que nos proponemos dar. Su objetivo es obstaculizar los intentos de recuperación de las herramientas del Estado nacional, amputado desde la última dictadura militar y confrontar cualquier acción política que cuestione los privilegios que han gozado históricamente los sectores más poderosos. Lejos de estar ante un “Estado elefante”, su capacidad de planificación y orientación de la economía nacional es aún escasa y, en cualquier caso, decididamente minoritaria en comparación con la de los grandes capitales privados nacionales y extranjeros.

Podemos mencionar como puntos fuertes contra el sentido común liberal a aquellas políticas públicas –en muchos casos precedidas por demandas en la agenda popular- que colaboraron en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que paliaron los casos de mayores necesidades o que afectaron parcialmente los intereses de los poderosos. En todos esos casos, léase nacionalización de las AFJP, Ley de Medios y Asignación Universal por Hijo, entre otras, hemos identificado cuestiones progresivas para los intereses de las mayorías populares. Nuestro compromiso es con el pueblo y no con ningún gobierno de turno, por eso las apoyamos.

Pero el liberalismo no sería tan peligroso si no contara con la complicidad del “posibilismo”, de ese discurso que afirma que “no se puede ir más allá de lo que hoy parece posible”. Esa resignación fatalista al presente asume la forma de un análisis concienzudo de la relación de fuerzas existente, para así impedir proyectar lo que todo proceso de cambio profundo siempre buscó: hacer posible lo imposible. Como hemos visto en los últimos diez años, la lógica del kirchnerismo de cuestionar al liberalismo desde el posibilismo, no ha permitido desandar los caminos de la dependencia ni enfrentar las reglas del capitalismo global, única forma de construir una vida digna para todos los habitantes de nuestro suelo.

Pero al mismo tiempo es imprescindible tener en cuenta la vigencia de una parte importante del andamiaje legal neoliberal. La Ley de Inversiones Extranjeras, que equipara a los capitales extranjeros y a los nacionales; la Ley de Entidades Financieras, que impide una intervención decidida del Estado en la orientación del crédito bancario; los 59 Tratados Bilaterales de Inversión vigentes, cuyas cláusulas protegen los intereses del capital extranjero mediante la cesión de soberanía en el tribunal del CIADI ante cualquier conflicto y finalmente la normativa financiera que hace que la discusión sobre el pago de la deuda externa también dependa de las sentencias de la justicia norteamericana.

Según el credo dominante (del capitalismo liberal duro y del “serio” también) modificar cualquiera de estas normas es imposible porque eso afectaría la llegada de inversiones extranjeras al país. Con este argumento, repetido hasta el hartazgo desde hace décadas por los sucesivos representantes políticos y económicos del establishment, se justifica la conservación de la dependencia y la pérdida de soberanía nacional.

El desgaste del kirchnerismo y las posibilidades de un recambio por derecha mediante un “pacto de gobernabilidad” que implica importantes concesiones al poder económico y también a la agenda política y social de la oposición, nos plantea nuevamente el desafío histórico de construir una alternativa superadora de país, que contenga un proyecto emancipador, que construya un país socialmente justo, con soberanía popular y con una economía sostenible que utilice racionalmente y de forma planificada nuestros bienes comunes para su conservación.

Retomamos las experiencias históricas de todos aquellos que lucharon en pos de cambios profundos a favor del pueblo, desde Tupac Amaru y Artigas, hasta Hugo Chávez Frías y el Che; nos sentimos parte de esa gran tradición de esperanzas de liberación que nos antecede y que cimienta los desafíos por venir.

En función de aportar a esa tarea histórica fundamos PATRIA GRANDE, a partir de la fusión de Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional, el Movimiento 15 de enero de Mar del Plata, el movimiento universitario por el cambio social Sudestada y la agrupación Cutral Co de Córdoba, la Corriente Unidad Sur de la provincia de Buenos Aires, Podemos y el espacio Chico Mendes de la Ciudad de Buenos Aires, el centro cultural El Barro de San Juan y otros compañeros y compañeras no agrupados en la actualidad. Damos así un paso concreto en el camino de la unidad del campo popular, que tantas veces se proclama como objetivo, pero que muy raramente se hace carne en las organizaciones militantes.

Lanzamos esta nueva organización nacional para aportar a la construcción de una izquierda popular, con la convicción de que no nacimos de la nada sino que nos identificamos con toda la historia de luchas por la liberación de nuestro pueblo. La de las guerras de la independencia, pero también las luchas de resistencia de los pueblos originarios, las montoneras federales, la del primer movimiento obrero anarquista y socialista, la irrupción irreverente de la clase trabajadora peronista y de su principal símbolo que fue Eva Perón, la resistencia, la experiencia de la CGT de los Argentinos, el Cordobazo y el clasismo, la juventud revolucionaria de los años setenta, la resistencia frente a la última dictadura y la “primavera” democrática de los años ochenta, el enfrentamiento durísimo contra el neoliberalismo en los piquetes y los cortes de ruta, la rebelión popular de diciembre de 2001 y todo el proceso de militancia juvenil que vino después.

Pero además somos una nueva izquierda y como todas las experiencias similares que nos precedieron no respondemos a un capricho histórico sino a las convulsiones provocadas por grandes procesos revolucionarios que dividieron aguas en el movimiento popular. En nuestro caso fueron los levantamientos populares contra el Consenso de Washington en las distintas naciones de la PATRIA GRANDE, así como especialmente los procesos de cambio de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que fueron sus resultados más avanzados.

Como decía el peruano José Carlos Mariátegui, en América el socialismo no será calco ni copia y en ese sentido recrear la gesta por la liberación impone asumir que los tiempos cambiaron. Hoy es imposible alcanzar la liberación nacional sin plantearse un cambio social profundo, una sociedad socialista. Como dijera el comandante Hugo Chávez: “Ahora sí llegó la hora de nuestros pueblos, y cuando digo ahora, estoy pensando en este siglo XXI, el siglo de nuestra redención, nuestra unidad, nuestra independencia plena como Región, como pueblo grande, como PATRIA GRANDE”.

No habrá patria si no es en el marco de la PATRIA GRANDE latinoamericana, por razones que tienen que ver con el desarrollo actual del capitalismo y del imperialismo, pero también por las mismas razones por las que lucharon los y las patriotas de hace 200 años en nuestro continente. La UNASUR y la CELAC, frente a la vieja OEA comandada por los Estados Unidos que quiso excluir a Cuba de Nuestra América, y aún más el ALBA, que representa la más avanzada tentativa de integración latinoamericana con una perspectiva socialista, son una referencia imprescindible en el camino de la unidad y la integración y por lo tanto un verdadero paso adelante para nuestros pueblos, por eso deberán ser defendidos ante el intento de la derecha continental de restaurar el predominio de las políticas neoliberales mediante la Alianza del Pacífico y la firma de tratados de libre comercio. Finalmente tampoco habrá patria sin la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, sin la ruptura con el CIADI, los Tratados Bilaterales de Inversión y el yugo que significa el pago de la deuda externa, pero tampoco sin la retirada de las 76 bases militares norteamericanas existentes en nuestro continente.

Esta gesta histórica, jalonada por el sacrificio y la entrega de miles de hijos e hijas del pueblo, no es una tarea que pueda ser llevada adelante por una sola organización política. Ni siquiera tampoco solamente por un gobierno popular. Es una tarea que exige la organización del propio pueblo argentino y latinoamericano. Que exige la construcción de Poder Popular desde las bases, desde las luchas y sueños de las clases subalternas como una de las principales ideas/fuerza que hagan parir el porvenir. Que exige la unidad amplia del campo popular, de sus organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, religiosas, ecologistas, de derechos humanos, feministas y en general de todo aquel que se siente comprometido con la esperanza de una vida digna para las mayorías populares en un gran movimiento emancipatorio. Hablamos de un proceso vivo de diálogo con el conjunto de nuestro pueblo, de fomentar y potenciar espacios de poder popular, de articular proyectos en función de la construcción estratégica de la unidad entre organizaciones sociales y políticas de las distintas tradiciones, de enraizar el socialismo en la realidad nacional y continental.

Estamos hablando de transformaciones estructurales, apoyadas e impulsadas por un pueblo organizado, participativo, protagónico y movilizado, dispuesto a torcerle el brazo al poder económico concentrado nacional e internacional, junto al conjunto de los pueblos de la PATRIA GRANDE. La política no puede seguir siendo propiedad de “políticos profesionales” que administran siempre la cosa pública para los poderosos. Esperamos que PATRIA GRANDE despierte el compromiso de recuperarla como instrumento para cambiar la sociedad y hacer de la Argentina, de Nuestra América y del mundo, un lugar más digno y bello para vivir.

Para ello convocamos a la juventud argentina y latinoamericana, que rechaza la injerencia del imperialismo; a la clase trabajadora de todos los rincones de la nación, dispuesta a pelear por la dignidad; a los hombres y mujeres comprometidos con los más humildes de nosotros, en todas las formas posibles de solidaridad; a los campesinos y a los agricultores familiares, que sostienen otro modelo agrario garante de la soberanía alimentaria; a los intelectuales y artistas, identificados con la construcción de una cultura contraria a los valores del individualismo y la mercantilización; a los estudiantes, comprometidos con las luchas y la construcción de un conocimiento crítico y emancipador en función de las necesidades sociales; a los luchadores contra la explotación irracional de los bienes naturales; a las defensoras de los derechos de las mujeres y de todas las identidades; a los comunicadores populares, que enfrentan la mentira de los grandes medios de comunicación; a los activistas por los derechos humanos de ayer y de hoy, a los continuadores de la experiencia ejemplar de las Madres de Plaza de Mayo. A todos los convocamos a unirse a construir PATRIA GRANDE. Parafraseando a viejos maestros, “no les ofrecemos un camino fácil, un panorama risueño ni una mentira más; le ofrecemos a cada uno un puesto de lucha”. Hablamos de pensarnos libres. Hablamos de construir el poder del pueblo hacia el socialismo del Siglo XXI.

3 de julio de 2014, desde el sur del Continente

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